IGSS

Más aún, puede afirmarse que gracias a la no intervención del Estado en los asuntos privados, las necesidades y las satisfacciones se desarrollarían en el orden natural.

                                                                                                                      Frédéric Bastiat

Hace algunos días, alguien a quien amo, admiro y respeto, me comentó que cierto hospital privado de esta localidad pagó medio millón a la susodicha institución para que le adjudicara la realización de exámenes de laboratorio.

Me reservo el nombre del hospital pues no es el objetivo de este artículo denunciar dicho acto, por dos razones: Primero porque tendría que comprobar la veracidad de dicha información. Segundo porque, si fuera el caso, se determinara que es cierto, no estoy seguro de que la “mordida” en cuestión esté fuera del marco legal, tomando en cuenta la relatividad de nuestras leyes.

Tampoco voy a juzgar la legitimidad de dicho acto. A este respecto, espero los comentarios de los lectores, quienes, en su mayoría, probablemente serán más doctos en este tema.

Menciono lo anterior, puesto que sirvió de fermento de una conversación que después nos llevaría a comentar los maltratos de que son víctimas los pacientes por parte de algunos funcionarios del IGSS. Maltratos por muchos conocidos y que me llevaron a la siguiente reflexión: Qué haría yo si el trato que recibo en una institución no es el que yo considero justo según lo que estoy pagando. La respuesta es simple: me voy a adquirir los servicios de alguien que sí me de lo que estoy buscando, o al que mejor se ajuste a mis necesidades.

Pues resulta que en el caso del IGSS no puedo hacer lo mismo. En realidad sí podría, pero tendría que pagar en el otro lugar y seguir pagando el IGSS, porque la ley me obliga a hacerlo.

La misma ley cuyo deber primordial es proteger la libertad del individuo, en este y en muchos casos se ha utilizado para ejercer coacción para obligarnos a hacer algo, lo queramos o no.

Pero eso no es todo. Las empresas también están obligadas a pagar un porcentaje por el mismo concepto. Y nos hacen creer que esta última medida es uno de los grandes beneficios de la legislación de nuestro país. Pero hay que aclarar que este porcentaje que la empresa aporta al seguro social representa un costo que al final termina pagando el trabajador y el consumidor.

Esta es solo una muestra de cómo la legislación laboral entorpece el libre intercambio de servicios. Y, además, una muestra de cómo la misma ley cuyo deber primordial es proteger la libertad del individuo, en este y en muchos casos se ha utilizado para ejercer coacción para obligarnos a hacer algo, lo queramos o no, en este caso, pagar un servicio por mas deficiente que éste sea.